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El fiscal José Perals también solicitó cárcel para el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, y los padres de Neymar
En su escrito de acusación, el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals, que pidió el archivo de la causa para el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, por falta de indicios contra él, reclama asimismo 8.4 millones de euros de multa para el Barcelona y 7 millones para el Santos, de donde provenía el jugador cuando fue fichado por el equipo blaugrana.
También solicitados años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre, ambos por el delito de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo, y pide asimismo una multa de 1.4 millones de euros para la empresa familiar N&N, además de reclamar a cada uno la misma multa de 10 millones de euros que el fiscal pidió para el jugador.
En esta causa, conocida como el caso Neymar 2, se investigan delitos de estafa y corrupción entre particulares a raíz de una querella del fondo DIS, que tenía un 40% de los derechos federativos del jugador y que se consideró engañado por lo que le pagó el Barça.
Por ello, el fiscal reclama a los acusados Rosell y Odilio Rodigues, exvicepresidente del Santos; así como al Santos y al Barça, como personas jurídicas, que indemnicen de forma conjunta a DIS con 3.2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Según el fiscal, "con la intención de ocultar el coste real del jugador", que después se supo había ascendido a 83 millones de euros, Rosell, "actuando siempre en representación del FC Barcelona", se concertó con Rodrigues y con el padre de Neymar "e idearon fragmentar el pago del fichaje del jugador en diversas partidas para lo que formalizaron una serie de contratos".
En cuanto a Bartomeu, Perals indicó que su mera condición como vicepresidente del club cuando se produjeron los hechos "motivó que firmara algunos contratos", pero no se ha podido acreditar "su participación activa en la negociación".
El juez José de la Mata, instructor de esta causa, decidió archivarla porque consideró que las conductas denunciadas -los contratos de traspaso del jugador-, si bien pueden tener "repercusiones deportivas, éticas y disciplinarias", no encajan en un procedimiento penal.
La Fiscalía recurrió esta decisión y finalmente la Audiencia Nacional ordenó a De la Mata que procesara a los investigados tal y como le había pedido Perals al apreciar indicios de delitos de corrupción entre particulares y estafa
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